Soberanía nacional en venta: el gobierno de Milei avanza con la privatización de la empresa que opera los reactores nucleares

El Gobierno formalizó ayer martes la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, a través del Decreto 695/2025 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La medida -que había sido anticipada dos semanas atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni– habilita la transferencia del 44% de las acciones de la compañía mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, mientras que el 51% quedará en manos del Estado, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En tanto, un 5% del capital accionario será destinado a los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.

La sociedad Nucleoeléctrica fue creada en 1994, a través del Decreto 1540/94, con el objetivo de reorganizar las funciones que hasta ese momento dependían de la CNEA. Desde entonces, la compañía asumió la generación vinculada a Atucha I, Embalse y la construcción de Atucha II, bajo normas estrictas de seguridad nuclear y radiológica.

El texto establece que el Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, dictará las normas operativas y complementarias necesarias para llevar adelante el proceso, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. También participarán la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo subraya que la actividad nuclear ya había sido declarada “sujeta a privatización” en la década de los 90 y que la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases, ratificó esa condición en 2024, permitiendo incorporar capital privado siempre que el Estado mantenga la mayoría accionaria.

Este lunes, el senador José Mayans presentó un proyecto que impide la venta del 44% de la compañía que habilitó la Ley Bases.

Asimismo, en la Cámara Baja, la diputada Agustina Propato promueve una iniciativa que prohíbe expresamente la venta o entrega como “parte de una operación financiera” de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, todas ellas operadas por Nucleoeléctrica. Entre los argumentos del proyecto, Propato señaló que “las centrales nucleares no pueden ser enajenadas ni ser garantías de operaciones financieras de ningún tipo, dado su carácter de esenciales para el desarrollo y la seguridad de la Nación”.

La oposición espera que los proyectos que buscan frenar las privatizaciones puedan ingresar en la agenda parlamentaria esta semana. Al mismo tiempo, cuenta con que algunos de los sectores que votaron la Ley Bases puedan ahora cambiar de opinión y se opongan a la venta del capital accionario de Nucleoeléctrica.

Otro elemento que generó preocupación fue el mensaje de la Subsecretaría de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional de Estados Unidos, en el marco del viaje de la comitiva presidencial a Nueva York para pedir respaldo ante la fragilidad financiera, la cual se manifestó con mayor fuerza tras las elecciones del pasado 7 de septiembre.

«Excelente reunión ayer con el subsecretario de Política Exterior de Argentina, Juan Navarro. Estamos entusiasmados por nuestra cooperación en energía nuclear y agradecidos por las acciones de Argentina en la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional. Esperamos seguir profundizando el diálogo en materia de cooperación en seguridad», publicó la subsecretaría norteamericana.

Desde el Partido Justicialista señalan que detrás del proceso de privatización no existe ningún plan de desarrollo de energía nuclear, sino que se trata de un camino para paralizar completamente la tecnología atómica argentina, dado que Estados Unidos tiene un interés de dominio del área a nivel internacional. En este contexto, interpretan que la decisión del Gobierno de Javier Milei y el plan de Damián Reidel responde solo al alineamiento geopolítico en detrimento del interés nacional.

En esa línea, en la sede del PJ este lunes Propato denunció que una de las condicionalidades del Tesoro norteamericano para el respaldo al Gobierno de Javier Milei es “la desactivación del plan nuclear argentino”, que no tiene un “fin comercial sino geopolítico”. El argumento tiene sustento en que Nucleoeléctrica no es una empresa deficitaria, sino todo lo contrario.

En sintonía con la diputada, el ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Diego Hurtado, apuntó que “Estados Unidos quiere ser competitivo en pequeños reactores nucleares” y que, por eso, el Gobierno libertario “paralizó el CAREM”, que contaba con un avance de obra del 64%.

Argumentos del Poder Ejecutivo

En los considerandos, el Poder Ejecutivo argumentó que la decisión busca garantizar la continuidad de las operaciones de NA-SA “de manera eficiente y competitiva” y señaló que la incorporación de capitales privados es “el medio más idóneo” para asegurar financiamiento en proyectos estratégicos, como la extensión de vida de la central Atucha I y el almacenamiento en seco de combustibles gastados en Atucha II.

El Gobierno también señala que, pese a que Nucleoeléctrica alcanzó en 2024 un récord histórico de generación de 10.449.015 MWh netos y un factor de carga del 73,3%, su funcionamiento depende de aportes estatales. Solo en 2023 recibió transferencias de capital no reintegrables por 700 millones de pesos para sostener inversiones. Según el decreto, esto refuerza la necesidad de incorporar inversores privados para diversificar riesgos y garantizar la continuidad de los proyectos.

Actualmente, la participación accionaria de Nucleoeléctrica se distribuye entre el Ministerio de Economía (79%), la CNEA (20%) y Energía Argentina S.A. (1%). Con el nuevo esquema, esas participaciones deberán ser transferidas a la Secretaría de Energía para dar curso al proceso licitatorio.