Corredor Andes-Atlántico: Hora de marcarles la cancha a las mineras de San Juan

La firma del acuerdo estratégico de infraestructura por 7.000 millones de dólares entre la Argentina y los Estados Unidos no es una foto más para el archivo diplomático. El denominado Corredor Andes-Atlántico —impulsado para reactivar redes ferroviarias, nodos energéticos, puertos e hidrovías— viene a sacudir el tablero donde se define el futuro económico de la provincia. Y lo hace justo cuando la transición energética global tiene los ojos puestos en el subsuelo sanjuanino, dueño de gigantes cupríferos como la franja Vicuña (Josemaría y Filo del Sol), Los Azules y El Pachón.

Durante años, el gran capital extractivo operó bajo una lógica tan cómoda para sus balances como nociva para nuestros intereses, la constante tentación de evacuar el mineral mediante mineraloductos directo hacia el Pacífico a través de la cordillera de los Andes.

El esquema del mineraloducto a Chile es la máxima expresión del modelo de enclave. Significa moler la roca en la alta cumbre, mezclarla con agua, bombearla por un caño hacia puertos trasandinos y despacharla en concentrado bruto rumbo a las fundiciones de Asia. ¿Qué le queda a San Juan y a la Argentina bajo ese formato? Un tendido de cañerías, un puñado de empleos temporales durante la etapa de construcción y la amarga postal de ver cómo la riqueza del subsuelo se escurre sin dejar ni una gota de valor agregado, ni encadenamientos industriales, ni desarrollo tecnológico de este lado de la frontera.

Esa práctica histórica siempre se escudó en el mismo latiguillo: la supuesta falta de infraestructura, los altos costos del flete terrestre y la ineficiencia logística argentina. El Corredor Andes-Atlántico destruye esa excusa de un plumazo.

Con el respaldo de financiamiento internacional de gran escala y las abrumadoras garantías fiscales que la Argentina ya les otorgó a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), las mineras se quedaron sin argumentos. Ya no pueden sostener que el país es «inviable» para sacar la producción hacia el Atlántico o que no existen condiciones para desarrollar la logística nacional. Si hay recursos proyectados para potenciar el tren, consolidar líneas de extra alta tensión (como las de 500 kV) y conectar el interior con los puertos nacionales, la obsesión por perforar la cordillera para sacar el cobre sin procesar deja de ser una «necesidad técnica» y pasa a ser lo que siempre fue: una pura conveniencia de costos corporativa para maximizar rentabilidades a expensas del país.

Es el momento exacto en que la dirigencia política de San Juan tiene que dejar de actuar como espectadora recepcionista de inversiones y asumir un rol de conducción estratégica. Las autoridades locales enfrentan un mandato histórico: exigir que el mineral juegue a favor de la matriz productiva argentina.

Marcarles la cancha a las multinacionales significa decir con claridad que el cobre sanjuanino no se puede ir como simple barro concentrado por una tubería. Exige imponer la industrialización en origen, fomentar proyectos de refinación o refinamiento regional, potenciar el compre local y forzar a que la logística priorice las arterias atlánticas que vertebran a nuestro propio país.

La infraestructura ya no será una traba y las herramientas legales están dadas. Dependerá de la firmeza, la dignidad y la capacidad de negociación del gobierno sanjuanino garantizar que los gigantes del cobre contribuyan al crecimiento real de la Argentina o permitir que continúen bombeando nuestro futuro del otro lado de los Andes.