Sortear la pobreza energética

Con cada imponderable de crisis  que sufre el país, muchos hogares en las tierras del General  San Martin, pasan  a formar parte de la denominada pobreza energética, que en términos de fórmula de cálculo consiste,  en  destinar más del 10 % de los ingresos totales al  pago de la disposición de la energía mínima necesaria para cubrir  las necesidades  de la vida del núcleo familiar.

Un fallo de la Corte de Justicia de la Nación, del año 2016 determina que las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, en ocasión de pronunciarse sobre la nulidad de un tarifazo del gas en dicho tiempo. No hay mecanismos integrados  macro estadísticos que  midan, en secuela, cuantos hogares quedan en el umbral de la pobreza energética ante la exacerbación de los problemas de política económica.

Quizá sea una tarea muy  ardua  y de detalle que excede los  procesos estándar de fijación de tarifas en el país, pero, vale la pena  abogar en pos de proponer  diseños  precisos a ser  utilizados  en   programas de monitoreo  de los efectos reales que se configuran como consecuencia de  cada vicisitud critica con derivación de mayor pobreza experimentada en el país.

Más allá de los marcos políticos  declamatorios  de metas-fines y  de  las determinaciones  regulatorias energéticas donde se fijan los precios  de los servicios públicos, hay que pensar en cómo innovar en diagramar dispositivos estatales, comunitarios y cooperativos, para verificar si el sistema de precios en el país, forja la  consolidación de la exclusión, o,  si en su lugar, tiende a afectar a nuevos decíles de ingresos desplazándolos hacia la pobreza energética.

Hay que tener en  cuenta que a junio de 2020 el  Indec informó que se registró un ingreso promedio de $28.497 y un ingreso mediano de $24.000, con lo cual percibimos que es un indicio preocupante de que la categoría  del salario medio  es,  de seguro,  afectado por la pobreza energética. A su vez también informó que  el ingreso promedio per cápita de la población, más allá de si está ocupado o no, alcanzó los $19.916, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $14.500. Son datos que apoyan la convicción de que se configurara y profundizara una asimetría enorme entre  ingreso y  costo energético, con lo cual se propagara  la pobreza energética.

Si  tomamos  un IFE, o  dos IFE, que pueden ser  la realidad actual de los únicos ingresos en un hogar hoy por hoy en la Argentina, se puede colegir que a esos hogares los fustiga la  pobreza energética. Si combinamos un IFE con dos AUH, también ocurriría lo  mismo, es decir, es previsible que fácilmente se confirmen hogares con pobreza energética. Hay que tener en cuenta que son 9  millones de IFE que hay en el país, por lo tanto, es crítico el tema.

Un estudio de la Universidad de Corrientes indica, por ejemplo, en sus  resultados  se registro  “un amplio aumento de la pobreza energética durante el periodo 2015 – 2016 a nivel nacional, siendo de un 0,8% a un 15,1% y una baja cobertura de la Tarifa Social sobre los hogares en esta situación, (entre el 42,2% al 66,3%, dependiendo del cumplimiento del requerimiento de titularidad del servicio energético)”. Este estudio  estuvo a  cargo de los investigadores Rodrigo Durán y Miguel Condorí.

Estos números  y sobre todo en  trance del imponderable de la  pandemia 2020, prefigura el asentamiento de una  realidad  empeorada a este respecto, por lo que, urge que se apliquen mecanismos integrados que calculen si el derecho humano a la energía está siendo afectado y en qué medida. 

Por supuesto que cualquier base que se tome para conjeturar  un número derivado, supone que otros vectores se mantienen constantes, por lo tanto son relativos, pero, vale proyectarlos igual,  como un ensayo de estimación, para avanzar hacia una   aproximación en la  caracterización del fenómeno que se pretende abordar, en este caso la denominada pobreza energética.